Índice

introduccion

forma y contenido de la demanda y sus excepciones

auto inicial

 

 

introduccion

El juicio de amparo: o juicio de garantías supone un medio de control de la constitucionalidad confiado a órganos jurisdiccionales. Trata de proteger a los individuos cuando la autoridad ha violado las garantías individuales. La figura del amparo en la vida jurídica es de gran importancia, ya que mediante la misma, como se indica en los artículos 103 y 107 de la Constitución, los particulares no quedan desamparados a merced de las autoridades, toda vez que el objeto de esta clase de juicio es resolver todas aquellas cuestiones que se susciten por leyes o actos que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; y por las leyes o actos de autoridades locales que invaden la esfera de la jurisdicción federal.

El recurso de amparo es la  acción para la protección de los derechos fundamentales, que ha de gozar de ciertas garantías de eficacia y urgencia, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional retraso en la toma de decisiones jurisdiccionales. El recurso de amparo tiene sus orígenes en el Derecho hispano: concretamente, en la Constitución de México de 1917 y en la de la II República española (1931). Esta garantía se predica frente a los ataques que los poderes públicos pudieran realizar frente a nuestros derechos constitucionales.

Los derechos fundamentales protegidos por este tipo de recurso son generalmente los de la igualdad ante la ley, sin discriminación por razones de género, edad, raza, ideario o credo; la intimidad personal y familiar; la libertad de expresión; el derecho de asociación política y sindical; el derecho a la objeción de conciencia; la libertad de cátedra; la libertad religiosa; el derecho a un proceso con todas las garantías, o la inviolabilidad del domicilio.

Su naturaleza jurídica depende de quién tenga que conocer en cada caso concreto este recurso, ya que se divide en dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con el recurso contra los actos del poder legislativo lesivos de los derechos fundamentales, de los que el Tribunal o Corte Constitucional ha de conocer en primera y única instancia. La segunda se relaciona con la obligación de agotar la vía judicial previa en los recursos de amparo contra los actos del poder ejecutivo y del judicial. La cuestión, pues, es ver si en verdad se recurre ante una instancia superior o no, si se revisa una actuación anterior, en cuyo caso puede constituir un verdadero instrumento de impugnación.

Este recurso de amparo puede ejercitarse tanto por ciudadanos nacionales como por extranjeros, no sin ciertas salvedades, según se desprende de una interpretación conjunta de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de cada país y, en su caso, la Convención Europea de Derechos Humanos. A su vez, también se le reconoce a las personas jurídicas privadas.

El juicio de amparo que explicaremos a continuación es el AMPARO INDIRECTO O BIINSTANCIAL, o también llamado amparo ante juez de distrito.

El Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito está regulado en el CAPITULO I (De los actos materia del juicio), Artículo 114 de la ley de amparo.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1. forma y contenido de la demanda y sus excepciones

Demanda: es el acto procesal del demandante en virtud del cual ejercita el derecho de acción.

En el juicio de amparo, la demanda es el acto procesal del quejoso en virtud del cual ejercita la acción de amparo para solicitar la protección de la justicia federal, a estimar que uno o varios actos reclamados de una o varias autoridades responsables, violan sus garantías individuales o sus derechos derivados de la distribución competencial entre federación y estados.[1]

Forma de la demanda

Como lo previene el artículo 116, por regla general la demanda de amparo indirecto o bi-instancial debe formularse por escrito.

Artículo 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;

VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la

Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

 

Documentos que deben acompañar a la demanda

El artículo 120 de la ley de amparo, señala la necesidad de que la demanda de amparo indirecto se acompaña copias de la demanda para las partes y copias para integrar los cuadernos correspondientes a los incidentes de suspensión.

Artículo 120.- Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley.

 

Artículo 150.- En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.

 

Artículo 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

 

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.

 

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación

 

 

Excepciones

Excepcionalmente puede hacerse por comparecencia y aun por un telégrafo, en los casos a que se refieren los artículos 1117 y 118 de la ley de amparo.

Artículo 117.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.

 

Artículo 118.- En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo.

 

2. auto inicial

         La demanda presentada ante el juez de distrito, o ante el juzgador con competencia auxiliar o concurrente, debe ser examinada para que se dicte el correspondiente auto inicial. De la substanciación del juicio

Artículo 145.- El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

 

El auto inicial decide si se admite, si se ordena aclarar o si se desecha la demanda de amparo indirecto.

Por tanto, hay tres tipos de autos iniciales:

a)                    Auto que admite la demanda de amparo;

b)                   Auto que ordena aclarar la demanda de amparo; y

c)                    Auto que desecha la demanda de amparo.

Auto que admisorio de la demanda de amparo

        La admisión de la demanda de amparo indirecto, por el juez de distrito, está prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo, cuyo texto describe:

       Si el juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas.

 

Expresamente se manifiesta que se admite la demanda de amparo interpuesta.

Ordena requerir a la autoridad o autoridades responsables para que rindan el informa con justificación respectivo, dentro del término de cinco días.

Si hubiese tercero perjudicado determinara que se le haga saber la demanda y se ordenara que se le entregue una copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que este se siga.

Auto aclaratorio de la demanda de amparo

El artículo 146 de la Ley de Amparo contiene los diversos supuestos en que procede que el juez de distrito ordena aclarar la demanda de amparo, o bien ordena se exhiban las copias que deben acompañarse a la demanda:

Artículo 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de

Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente.

 

La presencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda. En este caso, el juez de Distrito debe especificar en qué consiste dicha irregularidad.

La omisión de algunos de os requisitos previstos en el artículo 116 de la ley de amparo. (Antes comentado)

 

La falta de precisión del acto reclamado.

 

 

                                                                 

 

 

3. INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y SU OPORTUNIDAD

INFORME JUSTIFICADO

    El informe justificado es el escrito en que la autoridad responsable cumple con lo que se le solicita en el auto de admisión de la demanda, e que se le llama a juicio, y da respuesta a ésta.

    En el procedimiento de amparo indirecto una vez admitida la demanda, el Juez de Distrito pide a la autoridad responsable un informe justificado, el cual viene a ser la contestación de la demanda y por el que se establece la litis contestatio. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Según el artículo 149, primer párrafo de la Ley de Amparo, contados a partir de la fecha en que la autoridad responsable recibe el auto de admisión del Juez de Distrito.

En el informe justificado, la autoridad debe expresar la razón y los fundamentos legales que estime básicos para considerar la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, acompañando en su apoyo copias certificadas de las constancias necesarias, según el artículo 149, segundo párrafo de la Ley de Amparo

EFECTOS DE LA FALTA O RETRASO DEL INFORME.

    En el caso de que las autoridades no remitan el informe solicitado, se presume que el acto reclamado es cierto, salvo prueba en contrario, según el artículo 149, tercer párrafo de la Ley de Amparo.

v    Informe con justificación. (Jurisprudencia)

Su falta establece la presunción de que son ciertos los actos reclamados, pero no de que éstos constituyan una violación de garantías.

Registro: 285905

Precedentes: Amparo administrativo en revisión. Mora Manuel, sucesión de. 29 de diciembre de 1923. Mayoría de cinco votos. Disidentes: Salvador Urbina, Jesús Guzmán Vaca y Francisco Modesto Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORANEO.

 

    Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. (Articulo 149  último párrafo de la Ley de Amparo)

 

    Si las partes no tuvieron oportunidad de conocer el informe el Juez debe diferir la audiencia para que las partes puedan conocerlo  y, en su caso, objetarlo.

 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES E INFORME JUSTIFICADO.

    La jurisprudencia ha adoptado determinados criterios en relación con el informe justificado y son los siguientes:

a)            INFORME JUSTIFICADO (Jurisprudencia): Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto del acto que se reclama, debe tenerse  éste como planamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto.

Registro: 285763

Precedente: Amparo administrativo en revisión. Martínez y Martínez Epifanio. 6 de noviembre de 1923. Mayoría de ocho votos. Excusa: Francisco Díaz Lombardo. Disidentes: Ernesto Garza Pérez, y Gustavo A. Vicencio. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

v    Informe justificado. (Jurisprudencia)

Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado.

Registro: 811057

Precedente: Amparo administrativo en revisión. Martínez y Martínez Manuel. 23 de octubre de 1923. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Victoriano Pimentel y Francisco Modesto Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

b)            INFORME JUSTIFICADO (Jurisprudencia): El hecho de que en él se niegue la existencia del acto que se reclama, no es motivo para sobreseer por improcedencia, privándose al quejoso del derecho de probar, en la audiencia del juicio, la existencia de los actos negados por la autoridad.

Registro: 289081

Precedente: Amparo administrativo. Revisión del auto de sobreseimiento. Mejía Corro Rodolfo. 11 de julio de 1919. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Agustín Urdapilleta y Ernesto Garza Pérez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

 

 

 

v    Negación del acto reclamado. (Jurisprudencia)

No basta que la autoridad responsable niegue la existencia del acto reclamado, para desechar la demanda de amparo relativa; pues si el quejoso afirma la existencia de tal acto, debe tramitarse el juicio, para que, durante él, rinda las pruebas a que tiene derecho, y en vista de ellas, se resuelva lo que sea pertinente.

Registro: 286222

Precedente: Amparo administrativo. Revisión del auto de improcedencia. Torano José María. 13 de abril de 1923. Unanimidad de ocho votos. Los Ministros Alberto M. González, Adolfo Arias y Agustín Urdapilleta no intervinieron en este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

v    Informe con justificación. (Jurisprudencia)

No es bastante para probar que no existe el acto reclamado, ni, en virtud de él, se puede privar al quejoso del derecho de probar que sí existe ese acto, sobreseyendo el juicio.

Registro: 290265

Precedente: Amparo Administrativo. Revisión del auto de sobreseimiento. Sánchez Pedro. 6 de agosto de 1918. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Agustín M. de los Ríos y Alberto M. González. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

v    Informe justificado (Jurisprudencia)

El hecho de que en él se niegue la existencia de los actos reclamados, no es suficiente para decretar el sobreseimiento, pues si se admitiera ese principio, se imposibilitaría al ofendido para probar lo contrario del informe, y hacer patente la existencia del acto que reclama.

Registro: 289885

Precedente: Amparo administrativo. Revisión del auto de sobreseimiento. Carvajal Guillermo. 26 de abril de 1919. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Enrique M. de los Ríos y José M.  Truchuelo. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

c)             INFORME JUSTIFICADO: NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES (Jurisprudencia): Si los responsables niegan los actos que se les atribuye, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción  IV del articulo 74 de la ley de amparo.

 

Registro:804176

Precedente: Amparo en revisión 4689/57. Adolfo Aguilar Borja y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Franco Carreño.

 

v    Sobreseimiento (Jurisprudencia)

Si de los informes justificados relativos las autoridades niegan los actos que se les atribuyen y no existe constancia que desvirtúe dicha negativa, debe confirmarse el sobreseimiento del juicio.

Registro: 806213

Precedente: Amparo en revisión 698/58. Onarimatla, S. A. 15 de noviembre de 1960. Mayoría de quince votos. Disidente: Octavio Mendoza González. Ponente: Gilberto Valenzuela.

 

d)            INFORME JUSTIFICADO, EN ÉL NO PUEDEN DARSE LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO, SI NO SE DIERON AL DICTARLO (Jurisprudencia): No está permitido a las autoridades responsables corregir en su informe justificado, la violación de la garantía constitucional en que hubiere incurrido, al no citar el mandamiento o resolución reclamados, las disposiciones legales en que pudieran fundarse, porque tal manera de proceder priva al afectado de la oportunidad de defenderse en forma adecuada.

INFORME EN MATERIA AGRARIA.

    En los amparos interpuestos por núcleos de población y ejidatarios o comuneros, las autoridades responsables tienen diez días prorrogables para rendir su informe justificado, según el artículo 222 de la Ley de Amparo, en el que deben expresar (artículo 223 de la Ley de Amparo):

         I. Si hay tercero perjudicado, su nombre y domicilio

      II. Si son o no ciertos los actos reclamados, o si han realizado otros similares o distintos que tengan o puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso

  III. Los preceptos legales justificativos de los actos que hayan ejecutado realmente o que pretendan ejecutar.

  IV. Si son autoridades agrarias las responsables expresaran, además, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones agrarias favorables al quejoso o al tercero, la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas y los actos por virtud de los cuales se hayan adquiridos tales derechos.

Las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados.

 

La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante el requerimiento del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta obligación. (Artículo 224 de la Ley de Amparo)

 

4. PRUEBAS Y SU OFRECIMIENTO.

    Rendido el informe justificado, se abre, en la práctica, un periodo probatorio que culmina al realizarse la audiencia constitucional y dictarse sentencia.

    Por lo que hace al aplazamiento de la audiencia constitucional, la jurisprudencia menciona:

v    Pruebas testimonial y pericial en el amparo, cuando se difiere la audiencia.

    Es procedente admitir las pruebas  testimonial y pericial  para la audiencia, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes.

OFRECIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS.

    En el juicio de amparo indirecto es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho. (Artículo 150 de la Ley de Amparo).

    Salvo estas excepciones, la Ley de Amparo, admite en general, las pruebas reconocidas en el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual dice:

La ley reconoce como medios de prueba:

I.- La confesión.

II.- Los documentos públicos;

III.- Los documentos privados;

IV.- Los dictámenes periciales;

V.- El reconocimiento o inspección judicial;

VI.- Los testigos;

VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y

VIII.- Las presunciones.

    El artículo 151 de la Ley de Amparo, establece que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, exceptuando aquellas que tienen carácter documental, las cuales pueden ser presentadas con anterioridad.

PRUEBAS DE AMPARO.

    Es indebido interpretar la Ley de Amparo en el sentido restrictivo de que solo en la audiencia pueden rendirse las pruebas, pues de aceptarse esa interpretación,  se haría imposible recibir las que hubieren de rendirse por medio de diligencias practicadas fuera del local del juzgado o del lugar del juicio.

    La recepción de una prueba en el amparo solo podrá negarse legalmente, sino hubiere sido solicitada antes o en el acto de la audiencia.

    Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. (Articulo 151, párrafo segundo de la Ley de Amparo).

    Prueba testimonial y pericial. Los cinco días a que se refiere el articulo 151 deben ser hábiles, naturales y completos, sin incluir en ellos el día del ofrecimiento de la prueba, ni e el que debe celebrarse la audiencia constitucional.

    La recepción de las pruebas se hace en la audiencia constitucional, la cual tiene carácter publico (articulo 154 de la Ley de Amparo); en dicha audiencia se reciben por su orden, dichas pruebas, los alegatos escritos, en su caso, el pedimento del Ministerio Publico y se procede después a la resolución del negocio, el Juez de Distrito debe dictar la sentencia constitucional. 

 

 

LA CARGA DE LA PRUEBA.

  La Ley de Amparo contiene un precepto especifico sobre este aspecto cuando se da la hipótesis de la falta del informe con justificación: se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea “violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto” (Articulo 149 tercer párrafo de la Ley de Amparo).

  En la hipótesis distinta, es decir, cuando a la demanda de amparo le sigue el respectivo informe, se aplican distintos criterios jurisprudenciales, destacando aquellos que fijan el llamado “principio de equidad” en la carga de la prueba:

 

 

v    Pruebas en el amparo. (Jurisprudencia)

La carga de la prueba corresponde tanto al quejoso como a la autoridad responsable, y la falta de pruebas del tercero perjudicado no es, por sí sola, bastante para conceder el amparo.

Registro: 284089

Precedentes: Amparo civil en revisión 2659/22. Gómez Ildefonso. 1o. de diciembre de 1925. Unanimidad de ocho votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

Para negar el amparo son dos las condiciones que deben concurrir:

1)            Que el quejoso no compruebe las violaciones por el señaladas

2)            Que la autoridad responsable pruebe que no ha violado ninguna garantía constitucional.

 

Además, en la siguiente tesis se ha establecido la obligación que tiene la autoridad de demostrar la legalidad de sus actos, sin que parezca beneficiarle en estos casos el principio de presunción de validez.

 

v    Pruebas en el amparo (Jurisprudencia)

Si el quejoso demuestra los derechos que le asisten para pedir la protección constitucional, a la autoridad responsable toca contradecirlos, con pruebas que vengan a demostrar, al mismo tiempo que la inexactitud de las afirmaciones del quejoso, lo fundado de los procedimientos de dicha autoridad.

Registro: 284023

Precedentes: Amparo administrativo en revisión 3763/22. Sánchez Garcés Francisco. 3 de noviembre de 1925. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

RÉGIMEN JURISPRUDENCIAL DE LAS PRUEBAS.

    Existen  abundantes tesis jurisprudenciales en materia de prueba, por lo que resulta necesario tener en cuenta algunas reglas precisas y adecuadas que sobre este aspecto la jurisprudencia ha hecho:

v    Pruebas, apreciación de las. (Jurisprudencia)

La apreciación de las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad soberana que le concede la ley, no constituye, por sí sola, una violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta en la aplicación de la ley o en la fijación de los hechos.

Registro: 810837

Precedentes: Amparo penal directo. Mayorga Aurelio. 3 de enero de 1919. Unanimidad de diez votos. Ausente: Manuel E. Cruz. La publicación no menciona el nombre del ponente.

v    Pruebas, apreciación de las. (Jurisprudencia)

Tratándose de la facultad de los jueces para la apreciación de las pruebas, la legislación mexicana adopta el sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio al juzgador, para la apreciación de ciertas pruebas (testimonial, pericial o presuntiva), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica, de las cuales no deben separarse, pues al hacerlo, su apreciación, aunque no infrinja directamente la ley, si viola los principios lógicos en que descansa, y dicha violación puede dar materia al examen constitucional.

v    Pruebas en el juicio de amparo. (Jurisprudencia)

Los Jueces de Distrito deben desechar, de plano, las pruebas que no sean de tomarse en consideración, al pronunciarse la sentencia relativa, y que son aquellas que no tienden a justificar la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del acto reclamado.

Registro: 289076

Precedentes: Queja en amparo civil. Zárate Florentina. 10 de julio de 1919. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

v    Pruebas en el amparo. (Jurisprudencia)

Deben rendirse ante el Juez de Distrito y no durante la revisión ante la Corte, al expresar agravios contra la sentencia pronunciada en primera instancia.

v    Pruebas (Jurisprudencia)

Si el juzgador omite estimar las pruebas allegadas por una de las partes, tal hecho importa una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, y por ello procede conceder la protección federal, a fin de que, al dictarse nueva sentencia, se tomen en consideración las pruebas que no fueron estimadas.

Registro: 810399

Precedentes: Amparo civil directo 2201/24. Barberi Caritina F. A. de. 2 de marzo de 1927. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

AUDICIENCIA CONSTITUCIONAL

 

    El  termino audiencia es multívoco, esto es, tiene muchas acepciones, reconociendo todas ellas, sin embargo, un mismo origen etimológico. En efecto, la palabra audiencia, proviene del verbo latino “audire” que significa “oír”.

 

Tal concepto significa un derecho subjetivo o garantía individual, tan como está concebido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, o sea, equivale a la obligación que tienen las autoridades del estado de oír a la persona a quien se va afectar para que se defienda, aduzca pruebas, alegue, etc., bajo otro aspecto, “audiencia” se reserva para denominar a un acto procesal, a un período del juicio, en el cual el órgano de conocimiento se pone en contacto directo con las partes contendientes y con las fuentes de convicción.

 

Por tal motivo, la audiencia como acto o suceso procesal, integrante primordial de un juicio, tiene lugar en una procedimiento basado en el principio o sistema de la oralidad de la prueba, puesto que es en aquella donde el juzgador se pone en relación directa con los elementos probatorios ofrecidos por las partes.

 

La audiencia constitucional en nuestro juicio de garantías es un acto procesal, un momento que tiene lugar dentro del procedimiento, en el cual se ofrecen y desahogan las pruebas aducidas por las partes (oralidad), se formulan por estas lo alegatos en apoyo de sus respectivas pretensiones, y se dicta el fallo correspondiente por el órgano de control que resuelve el juicio de amparo en el fondo, que soluciona la cuestión constitucional suscitada o que decreta el sobreseimiento del mismo.

 

La audiencia constitucional en el juicio de amparo, en cuanto a su desarrollo, consta de tres períodos, a saber: el probatorio, el de alegaciones, y el de fallo o sentencia.

 

EL PERIODO PROBATORIO

 

El periodo probatorio comprende propiamente tres actos o sub-períodos, en los que la actividad de los sujetos de la relación jurídico-procesal se va alternando. Tales son, en efecto, el de ofrecimiento de pruebas, el de su admisión y el de su desahogo.

 

Respecto del ofrecimiento u admisión de pruebas en materia de amparo, existe un principio liberal, en el sentido de que puedan aducirse y admitirse aquellos medios que produzcan convicción en el juzgador, posibilidades que solo encuentran restricciones expresas en la ley. El artículo 150 de la ley de amparo dice textualmente: “En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho”, este articulo encierra el principio de libertad en materia de prueba. Por consiguiente, las partes en el juicio de amparo pueden aducir al juzgador para comprobar sus sendas pretensiones, todos los elementos que estén a su alcance consignados o no en ley como probatorios.

 

Por tanto, podemos afirmar que en el juicio de amparo se aceptan pruebas legales, o sea, aquellas que expresamente menciona el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de amparo (con exclusión de la confesión) y pruebas extralegales, constituidas por aquellos elementos de convicción que no están expresamente previstos en la ley que rige a nuestro juicio constitucional. 

 

Además en el artículo 129 establece cuales documentos tienen en carácter de públicos, y el artículo 133 del mismo ordenamiento determina por exclusión que debe entenderse como documento privado.

 

Por lo que respecta a la prueba pericial, la ley de amparo contiene algunas reglas especiales que hacen inaplicables al juicio de garantías las involucradas en las disposiciones del código federal de procedimientos civiles que se les oponen, como son, verbigracia, las relativas a la constitución o integración de la misma.

 

La prueba pericial en materia de amparo se integra con el solo dictamen que rinda el perito designado por el juez, teniéndose por desahogada aun sin los peritajes que produzcan los peritos designados por las partes.

 

La prueba testimonial esta prevista en la fracción Vl del artículo 93 del código federal de procedimientos civiles. El fundamento real de esta prueba es la sensitividad de las personas cuyas declaraciones la constituyen, esto es, se basa en la percepción sensitiva de determinados hechos. Dada su naturaleza intrínseca, la prueba testimonial es de exigua importancia en materia de amparo en aquellos casos en que se ventilan puntos substanciales jurídicos, los cuales están exentos de comprobabilidad.

 

Una cuestión que no deja de tener importancia en relación con la prueba testimonial, es la concerniente a las tachas de testigos, o sean, aquellas circunstancias que mermen o menoscaben la credibilidad de éstos.

 

Las pruebas legales son aquellas que establece la ley y suelen ser de dos clases: jure et de jure (que no admiten prueba para destruirlas) y juris tantum (las que pueden destruirse mediante prueba en contrario). Las humanas son aquellas que, sin estar implicadas en la ley, el juzgador las deriva, por medio de la deducción lógica, de un hecho notorio o probado.

 

1.- El primer acto procesal que se efectúa durante el desenvolvimiento de está es el ofrecimiento de pruebas, imputable a la actividad de las partes. Rigiendo en materia de amparo el principio de la oralidad y no existiendo en el procedimiento respectivo ninguna dilación probatoria, el ofrecimiento de pruebas es un acto que necesariamente debe tener lugar en la audiencia constitucional. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en este caso, aunque no exista gestión expresa del interesado.

 

Como excepción al principio que rige el ofrecimiento de pruebas que rige al juicio de amparo, el párrafo segundo del artículo 151 establece que, “cuando las parte tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles entes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de las cuales deben ser examinados los testigos o del cuestionario para los peritos; el juez ordenara que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente preguntas, al verificarse la audiencia, no se admitirán más de tres testigos por hecho.

 

  2.- Una vez hecho el ofrecimiento de pruebas por las partes en los términos de la ley de amparo y según las prevenciones del código federal de procedimientos civiles, atendiendo a la naturaleza de cada uno de los medios probatorios, el juez dicta el auto o acuerdo de admisión de las mismas, para cuyo efecto debe examinar si su promoción esta o no apegada a derecho. El auto de admisión de pruebas es la equiescencia que el juez emite en el sentido de aceptar los medios que como tales han aducido las partes, constatando la legalidad del ofrecimiento.

 

3.- La consecuencia lógica que se desprende de la admisión judicial de las pruebas ofrecidas por las partes, es su recepción, practica o desahogo, que es el tercer acto que comprende el período probatorio de la audiencia constitucional. La recepción o practica de las pruebas admitidas debe realizarse en dicha audiencia, conforme a lo establece el artículo 155 de la ley de amparo “Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda”.[2]

 

CARGA DE LA PRUEBA

 

La teoría general ha hecho una distinción entre obligación y carga procesal, la obligación aparece cuando la ley, imperativamente, manda a alguien tener u observar, una conducta determinada, para satisfacer un interés ajeno, con sacrificio del propio interés, la carga procesal aparece cuando la ley fija el comportamiento que un sujeto debe tener, si desea obtener un resultado favorable a su propio interés.[3]

 

El principio de equidad en la obligación procesal de la carga de la prueba, al estimarse que no solo el quejoso debe probar, en su caso, la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, sino que también “a la autoridad responsable incumbe la justificación de sus actos, y dicha autoridad debe comprobar las constancias conducentes, la legalidad de sus procedimientos”, y que “dos son las condiciones que deben concurrir para negar el amparo: que el quejoso no compruebe las violaciones por el señaladas, y que la autoridad responsable pruebe que no ha violado ninguna garantía constitucional”.

 

El principio de la equidad en la carga de la prueba para las partes en el juicio de amparo esta previsto expresamente por la jurisprudencia de la suprema corte en las consideraciones a que hemos aludido, además de que en aquella de que en aquella que a continuación transcribimos, y que dice: “la carga de la prueba corresponde tanto al quejoso como a la autoridad responsable”.

 

VALORACION DE LAS PRUEBAS

 

Una cuestión de suma importancia que se presenta al tratar el tema relativo a las pruebas en materia de amparo, es el concerniente a su valor, esto es, a la fuerza o eficacia de comprobación que cada uno de los elementos o medios probatorios tiene. Sobre este particular, la ley de amparo solo contiene una regla que atañe específicamente a la apreciación judicial de la prueba pericial.

 

Por prudencia se entiende discernimiento y especificación de lo que es bueno o malo; cordura, juicio, templanza, cuidado, tiento, cautela discreción; de tal suerte que el juzgador debe valorar con juicio, discernimiento, cordura, templanza y racionalidad de dictámenes en que se haga consistir la prueba pericial, para determinar su valor de acuerdo con la enjundia artística o científica de las razones o argumentos que en el estudio científico o artístico respectivo se expongan, para que, una vez ponderada reflexiva o prudentemente, se norme la convicción acerca de la certeza, de la idoneidad, de la atingencia de las conclusiones a que llegan los peritos.

 

En cuanto al valor de las pruebas que se aportan en un juicio de amparo, distintas de la pericial, hay que recurrir a las prevenciones del código civil federal de procedimientos civiles para fijarlo.

 

En cuanto a los documentos privados, estos prueban los hechos mencionados en ellos cuando sean contrarios a los intereses de su autor, y cuando provengan de un tercero, solo hacen prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse de ellos y contra su colitigante, cuando este no los objeta.

 

En cuanto al valor probatorio de la prueba testimonial, el código federal de procedimientos civiles contiene el principio general de que su eficacia comprobatoria queda al arbitrio del juzgador, regulado, por lo demás, por varios elementos o circunstancias previstas en la ley.

 

 

 

Por lo que se refiere a la prueba presuncional, el artículo 218 del código federal de procedimientos civiles, consigna el valor respectivo, según se trate de presunciones legales o humanas, previniendo que las primeras tienen un valor probatorio pleno, dejando al arbitrio judicial de establecimiento y estimación de las segundas.

 

DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

 

La audiencia constitucional que debe celebrarse públicamente, según lo dispone el artículo 154 de la ley de amparo, puede ser diferida o aplazada, en los siguientes casos:

 

1.- El primer supuesto se trata de que un funcionario o alguna autoridad, sea o no responsable, no expida a favor de cualquiera de las partes en un juicio de amparo, copias certificadas de documentos o constancias que obren en su poder y que se pretendan rendir como prueba en la citada audiencia.

 

2.- También procede diferir o aplazar la audiencia constitucional, cuando el emplazamiento al tercero perjudicado se hubiere practicado con tal proximidad de la fecha de la celebración de dicho acto procesal, que la mencionad parte no disponga del término de cinco días anteriores a él para anunciar la prueba pericial o testimonial. En este caso si la audiencia se celebra el tercero perjudicado queda en estado de indefensión, al imposibilitársele para rendir tales probanzas, procediendo la reposición del procedimiento al decidirse el recurso de revisión que interponga contra la sentencia definitiva.

 

3.- Si el informe de cualquier autoridad se presenta minutos antes de la audiencia constitucional, el agraviado no dispondrá del tiempo suficiente para ampliar su demanda.

 

 

4.- En la práctica se acostumbra a diferir o aplazar la audiencia constitucional en los casos en que las pruebas oportunamente anunciadas, como son la pericial y la testimonial, no están debidamente preparadas ni, tratándose de la segunda, no se han rendido los dictámenes correspondientes.

 

5.- También se difiere o aplaza la audiencia constitucional, cuando no se hubiese efectuado el emplazamiento a las autoridades responsables o al tercero perjudicado.

 

6.- El los caso de extemporaneidad en la rendición de los informes justificados, es decir, cuando se producen momentos antes de la fecha señalada para la celebración de dicho acto procesal.

 

 

 

 

SUSPENSION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

 

La suspensión se lleva a cabo en los siguientes casos:

 

1.- Cuando durante su transcurso se presenta un documento por alguna de las partes que se objetado de falso, “el juez suspenderá la audiencia constitucional para continuarla dentro de los diez días siguientes” debiéndose presentar en el acto de continuación de dicha audiencia “las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento”.

 

2.- También es procedente cuando no es posible que, por su propia naturaleza, se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que tenga que practicarse fuera del local del juzgado o fuera de la jurisdicción del juez de distrito.[4]

 

PERIODO DE ALEGATOS

 

Una vez terminado el periodo de pruebas, el juez de distrito, de conformidad con el artículo 155 de la ley de amparo debe:

 

Recibir los alegatos de las partes, formulados por escrito.

Las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegatos se hagan constar en autos y sin que los alegatos puedan, exceder de media hora por cada parte, incluyendo replicas y contrarréplicas.

 

Lo anterior admite una excepción, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, caso en el cual el quejoso podrá alegar verbalmente, asentándose en autos un extracto de sus alegaciones, si aquel lo solicita.

 

Son los alegatos los razonamientos que cada parte: quejoso, autoridad responsable o el tercero perjudicado, o las personas que están autorizadas al efecto por cada una de ellas, presentan verbalmente o por escrito al juez o tribunal, fundados en lógica y el derecho, insistiendo en la justicia de sus pretensiones (mismas que hicieron valer en la demanda, en el informe o en el escrito del tercero perjudicado) sobre las que están llamados a decidir, haciendo las consideraciones necesarias sobre la certeza o no de los hechos fundatorios de la demanda, las reflexiones y deducciones que suministran a su favor las pruebas aportadas, así como contradiciendo o impugnado las pretensiones de las otras partes, el valor de sus pruebas y la no aplicabilidad de los preceptos que invocan o de las causas de improcedencia alegadas, esforzándose cuanto puedan para demostrar la verdad de sus dichos y la justicia de su derecho. En suma, convenciendo al juez o tribunal que quedo demostrado en autos del juicio de amparo la existencia o no de los actos reclamados y la inconstitucionalidad o ilegalidad o no de dichos actos.

 

Producidos los alegatos por las partes, el juez recibe el pedimento del Ministerio Publico, y ordena que la secretaria recabe marginalmente las firmas de las personas que estuvieron presentes, y acto continuo debe dictar sentencia.

 

 

LA SENTENCIA

 

Sentencia de amparo contra leyes es el acto procesal proveniente de la actividad del tribunal judicial de la federación que decide en cuanto  al fondo de la cuestión planteada en la demanda de garantías, respecto del problema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o del acto de su aplicación reclamados, concediendo o negando el amparo y la protección de la justicia de la unión.

La sentencia debe ajustarse a la regla lógica-jurídica de que el juez de distrito analice y resuelva previamente el examen de los conceptos de violación y, por ende, a la consideración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, la cuestión relativa a la improcedencia del juicio por ser las causas respectivas, de orden público.

 

En la sentencia se entra al estudio de los conceptos de violación para conceder o negar la protección federal, según el caso, supliéndose la deficiencia de la demanda en los supuestos legales en que esta facultad sea ejercitable.[5]

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN

En palabras sencillas, la substanciación del Juicio de Amparo Indirecto es la acción Constitucional ejercitada ante un Juez de Distrito, cuando los actos de autoridad que se reclaman no sean sentencias definitivas o laudos laborales definitivos.

 

Dicho juicio es el que procede contra las leyes auto-aplicativas así como contra las leyes hetero-aplicativas (Art. 114 fracc. I).

 

Analizamos los requisitos que debe contener la demanda de garantías y todas las etapas procesales, asimismo, pudimos observar que en este Juicio, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles juega un papel importante en el período probatorio de este juicio.

 

Analizamos las pruebas que se pueden ofrecer en materia de amparo, y en qué consiste cada una de ellas, cuando se deben de ofrecer y desahogar.

 

También se analizaron los términos para interponer dicha demanda ya que es algo muy importante en cualquier juico.

 

 

 

 

Bibliografía

Ø González Cosío, Arturo

El Juicio de Amparo

Porrúa

10 de febrero 2001

México D. F

 

Ø Góngora Pimentel, Genaro

Introducción al Estudio del Juicio de Amparo

Porrúa

14 de febrero de 2003

México D. F

 

Ø Arellano García

Juicio de amparo

Porrúa

Edición 15°

México D.F.

 

Ø Manuel Espinoza Barragán

Juicio de amparo

Oxford

México D.F



[1] “practica forense del juicio de amparo”

[2] (Tena, Ramirez Felipe) “DERECHO CONSTITUCIONAL” Ed. PORRUA, ed. 33, pp. 634-641

[3] (Noriega, Alfonso) “LECCIONES DE AMPARO” Ed. PORRUA, ed. 5, México 1997,  p. 735

[4] (Tena, Ramirez Felipe) “DERECHO CONSTITUCIONAL” Ed. PORRUA, ed. 33, pp. 642-646

[5] POLO Bernal, Efraín, “EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES”, Ed. Porrúa, Primera Edición, México 1991, pp. 209-212